Madrid, 2 de agosto de 2016 –El grupo Volkswagen (VW) no tendrá que hacer frente a las reclamaciones de compensaciones de miles de afectados por los motores trucados en España. Éstas son las conclusiones de reclamador tras estudiar el tipo de acciones que se podían emprender en defensa de los clientes de Volkswagen, Seat, Skoda y Audi. La Administración en España no muestra predisposición de querer indagar el escándalo por el trucaje de emisiones y el resultado es que no se ha tomado ninguna medida para dar soluciones a los consumidores desde que saliera a la luz el fraude hace ahora casi un año.
Así, de acuerdo al derecho español, hay que acreditar de manera objetiva los daños sufridos en los vehículos. Estos son, principalmente, la pérdida de potencia y el incremento de consumo, solo en caso de que se lleve a cabo una modificación del vehículo.
De este modo, para poder reclamar se necesitaría peritar, uno a uno, cada coche, midiendo la potencia y el consumo que tienen antes y después de la revisión. Estos peritajes son caros y hace que estos casos sean económicamente inviables, según explica la plataforma de reclamaciones.
Además, no existen sanciones si el afectado no revisa el vehículo. Con lo cual, sin ayudas económicas para realizar los reconocimientos y sin ninguna normativa que obligue a los usuarios afectados a repararlo, el resultado es que pocos propietarios están llevando sus coches al taller. Por su parte, tras las reparaciones por la adulteración de las mediciones de CO2 los vehículos perderían potencia y consumirían más.
Por todo ello, la situación en Europa, y en concreto en España, es distinta a la de Estados Unidos, que por ejemplo sí ha emprendido acciones judiciales mediante diversos organismos contra la compañía automovilística para conseguir que se compense económicamente a los clientes afectados.
Volkswagen en España ha aprovechado la presencia de dos fábricas en Landaben y Martorrell para presionar al Gobierno español y no hacer frente a las indemnizaciones. No en vano, la compañía había dicho también que las revisiones a los vehículos iban a tener lugar en marzo, pero los propietarios no han vuelto a tener noticias.
En ese sentido, Pablo Rabanal, CEO de reclamador, explica que “es lamentable que en un caso tan flagrante y reconocido por el causante del daño, es decir, el propio grupo alemán, no se pueda hacer nada y que sean los consumidores, una vez más, los que salgan perdiendo porque están menos protegidos en España que en otros países como Estados Unidos”.
A diferencia de la macro demanda de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que pone el foco en la falta de medidas por parte de Volkswagen para solucionar el problema de las emisiones, reclamador denunciaba “vicio en el consentimiento”. Además, reclamaba para sus clientes la nulidad del contrato de compra y una indemnización equivalente a la diferencia entre el precio pagado y el real del vehículo. Por lo tanto, se trata de enfoques y denuncias distintas.
El escándalo de Volkswagen se descubrió el pasado septiembre cuando las autoridades medioambientales estadounidenses revelaron que los vehículos del grupo Volkswagen equipados con motores diesel 2.0L TDI estaban provistos con un software que oculta las emisiones reales de óxidos de nitrógeno.