¿Modificar el sistema de costas judiciales? ¿Para beneficiar a quién?

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE, órgano que agrupa a los colegios de abogados de toda España) realizó unas declaraciones la semana pasada en las que sugería que era partidaria de modificar el sistema de costas judiciales en el ámbito civil (donde se dirimen, entre otros temas, todas las reclamaciones frente a bancos y otras empresas).

¿Qué son las costas judiciales?

El principio es muy sencillo, quien pierde el proceso (y quien hace trabajar al sistema judicial, que pagamos entre todos los españoles), paga las costas del proceso. Las costas son básicamente los costes de abogado y procurador de la parte contraria, y vienen tarificadas en cada provincia según lo que se reclame o su cantidad.

Un ejemplo de cómo funcionan

En una demanda de cláusula suelo, en la mayoría de los casos que llevamos desde reclamador.es (por ejemplo este de Yolanda Bobillo) es el banco el que acaba pagándonos a nosotros. Nuestros clientes no pagan nada por la reclamación y se llevan su indemnización completa (casi 15.000 € en el caso de Yolanda). Los bancos saben que han obrado mal, y los jueces entienden que es injusto que el cliente tenga que correr con los costes del proceso y que éste debe recuperar su dinero íntegramente.

De esta manera el banco tiene que devolver a Yolanda lo que le ha cobrado de más (más intereses) más la factura de reclamador de acuerdo a lo que fija el colegio de abogados.  Ocurre también, por ejemplo, en impagos de facturas. Cuando un cliente no paga a un proveedor por un servicio prestado, se podría dar perfectamente la misma casuística.

El planteamiento hasta aquí parece correcto y tiene un objetivo muy concreto: que la justicia sea más accesible para el que ha sufrido el daño, y que el incumplidor sepa que le va a salir más caro obligar a la parte que tiene la razón a llevarle al juzgado. Es una manera indirecta de forzar a las empresas a ser más éticas y de reducir el número de pleitos.

¿Qué se quiere cambiar entonces en el sistema de costas?

Pues parece que se quiere plantear sustituir las costas como las he explicado arriba, por otras basadas en un concepto que se llama “temeridad”. No soy abogado pero básicamente se refiere a actuar temerariamente (es decir, provocar ir a juicio a sabiendas de que se es culpable, sabiendo que se está incumpliendo alguna ley), y según me explican los abogados de reclamador es un concepto, este de la temeridad mucho más ambiguo y subjetivo y de aplicación escasa por parte de nuestros jueces sobre el mal uso de la justicia.

Un ejemplo de costas por temeridad

En reclamador hemos interpuesto más de 30.000 pleitos frente a aerolíneas, donde previamente hemos pedido el pago mediante un mail certificado (como un burofax), es decir, tenemos acreditado que la aerolínea debe indemnizar al afectado conforme señala la normativa y hemos tratado de llegar a una solución amistosa. Pues bien, de todos estos casos donde desde el sentido común se podría decir que si vamos a un juicio es porque la parte incumplidora nos obliga a ello, en menos de un 1% hemos logrado que se impongan costas a la parte contraria por “temeridad”, sabiendo la aerolínea perfectamente que es culpable. En resumen, es un sistema que no funciona.

¿Qué resultados se pueden esperar si se cambia el sistema de costas actual?

Importantes novedades en la tributación de las costas. 2021.

El análisis es bastante sencillo:

• El número de casos donde se apliquen las costas se va a reducir drásticamente.
• Los perjudicados: los clientes que necesitan de servicios legales, que van a tener que pagar a sus abogados. En el caso de Yolanda le hubiésemos tenido que retener una comisión del 15%, más el coste del procurador (unos 300€).
• Los beneficiados: los incumplidores. En este caso al banco le costará pagar lo mismo a Yolanda con un procedimiento que sin él (intereses aparte). Por tanto no tienen mucho incentivo para cumplir la ley.
• No hay penalización adicional. Es el mismo ejemplo que mencionaba de las aerolíneas.
• El resultado: a más caro el servicio, menor demanda de él. Mientras que con el sistema actual de costas se pretende que el incumplidor se lo piense dos veces antes de pasarse de la raya, con el que se plantea ahora lo que se quiere es que los que sufren el daño (los consumidores, principalmente), nos amedrentemos porque nos tocan el bolsillo. Desde el punto de vista de un banco, pasaríamos de “esto nos va a costar un ojo de la cara” a “que nos lleven al juzgado nos va a costar lo mismo”. Muy diferente, ¿no?
• Una derivada de ello es que ante menos amenaza litigiosa para las grandes empresas volveremos seguramente a las andadas con cláusulas abusivas y mangoneos varios.

¿Y qué piensan los abogados de este posible cambio en las costas?

Los abogados por lo tanto tendrían menos trabajo y, por cierto, están que trinan con la propuesta. Es más, dentro de las medidas que se proponen, además de la de las costas, está la de limitar la actividad publicitaria, es decir, más restricciones a dar a conocer estos servicios a la gente, a la libre competencia.

¿Por qué el órgano que les representa promueve algo así?

Pues aquí entramos en el terreno de la opinión, pero me mojo con la mía. Todo esto ha nacido a raíz de la avalancha de demandas que generó el caso Bankia, liderado por Arriaga, y está continuando con las cláusulas suelo, seguirá con los gastos de formalización, etc. Se está creando una nueva categoría de producto, la de servicios legales accesibles, que nos está haciendo a los consumidores tomar conciencia no sólo de que muchas empresas nos roban constantemente sino de que ahora se pueden hacer cosas para remediarlo de manera mucho más sencilla que antes. Y esto molesta enormemente al statu quo del poder financiero de este país, los bancos, y por ende, a los políticos que velan por los intereses de aquellos.

Lo digo más claramente. Creo que esta batería de propuestas del CGAE está influenciada por presiones de los bancos y del poder político y va directamente en contra de los intereses de los abogados, además de estar diseñada especialmente para intentar dañar a las empresas que defendemos de forma masiva y accesible los intereses de los consumidores.